Audiencia pública para la adecuación tarifaria de EDESUR CECILIA SOLER: “LOS QUILMEÑOS Y LAS QUILMEÑAS, ANTES DE PAGAR AUMENTOS, MERECEN UN SERVICIO DE CALIDAD”
En representación de la
intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la secretaria de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, Cecilia Soler, expuso este martes en la Audiencia Pública
convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, para debatir un
régimen tarifario de transición al 2023 en las distribuidoras de energía
eléctrica EDENOR y EDESUR.
“Voy
a hablar en nombre de nuestra intendenta, Mayra Mendoza, pero sobre todo,
traigo la voz de las y los 700 mil vecinos de Quilmes”.
“Los
quilmeños y las quilmeñas, antes de pagar aumentos, merecen un servicio de
calidad. Creemos que cuando dejen de explotar los transformadores, cuando dejen
de cortar la luz en Quilmes, recién ahí vamos a poder discutir el aumento de
las tarifas”, aseveró Cecilia Soler.
La
Secretaria resaltó que “desde nuestro Gobierno Municipal creemos
que tenemos que trabajar en un horizonte que contemple la readecuación de la
normativa vigente de las prestatarias para poder llegar a los barrios más
postergados. Hoy es un horizonte que no tenemos, que no se construye, creemos
que tenemos que pensar en un marco de difusión para que las inversiones se
destinen a la normalización y la mejora de la infraestructura de la red
eléctrica también en nuestro barrios populares”.
“Para
ustedes señores de EDESUR, de EDENOR, son clientes que hacen uso de un
servicio, para nosotras son vecinos y vecinas que pagan un servicio básico y
fundamental y merecen ser escuchados”.
Y
sostuvo: “Hoy son los Estados municipales los que nos hacemos cargo de la red
eléctrica en los lugares comunitarios, siempre con el acompañamiento del
Gobierno Provincial y Nacional, somos los Municipios quienes damos la cara y
asumimos la responsabilidad frente a los vecinos y vecinas. No existe un área
dentro de las prestatarias que atienda las relaciones con la comunidad más allá
de un 0800, y todos y todas sabemos cómo funciona ese 0800. Para ustedes
señores de EDESUR, de EDENOR, son clientes que hacen uso de un servicio, para
nosotras son vecinos y vecinas que pagan un servicio básico y fundamental y
merecen ser escuchados”.
Y
destacó: “recién a partir de un reclamo unificado de las y los intendentes del
conurbano que se pusieron al frente de esta demanda histórica de la ciudadanía,
pudimos comenzar a trabajar en un plan de obras con el acompañamiento del ENRE
y el Estado Nacional”.
“La
dolarización de las tarifas en la última readecuación del 2016 no fue una
casualidad, fue una decisión política de quienes gobernaron desde el 10 de
diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019”.
Al
mismo tiempo, Soler remarcó que “además de esta pandemia, hemos asumido como
Gobierno Municipal, Provincial y Nacional, un país sumergido en una profunda
crisis económica y social, producto de los últimos cuatro años de neoliberalismo.
La dolarización de las tarifas en la última readecuación del 2016 no fue una
casualidad, fue una decisión política de quienes gobernaron desde el 10 de
diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019. A partir de la Revisión
Tarifaria Integral (RTI) del 2016 que fue implementada por el macrismo se
aplicaron aumentos a las tarifas de casi el 2 mil por ciento en el Área
Metropolitana de Buenos Aires. Estos aumentos sabemos que solo se vieron
reflejados en el incremento del patrimonio y la rentabilidad de las empresas
prestatarias y quienes absorbieron ese tarifazo fueron ni más ni menos que
nuestros trabajadores, trabajadoras, PyMEs, comercios, y que la economía real
de los y las bonaerenses se vio afectada notablemente”.
Según las conclusiones
de esta evaluación, aquella RTI no tuvo en cuenta la realidad social y
económica del país, no fue razonable ni prudente
El Ente Nacional
Regulador de la Electricidad lleva adelante un proceso de renegociación
tarifaria a partir de la auditoría técnica, jurídica y económica que efectuó
sobre la Revisión Tarifaria Integral desarrollada entre 2016 y 2017. Según las
conclusiones de esta evaluación, aquella RTI no tuvo en cuenta la realidad
social y económica del país, no fue razonable ni prudente, y por lo tanto
vulneró el marco regulatorio y los derechos de los usuarios del servicio
eléctrico.
